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Reforma al Cootad obliga a Guayas a destinar 70% del presupuesto a obras
La iniciativa legislativa busca priorizar infraestructura, pero la prefecta Marcela Aguiñaga advierte que limita la capacidad de respuesta en salud y educación.
El debate sobre la distribución del gasto público se intensificó el 18 de febrero de 2026 con la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La propuesta establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar progresivamente hasta el 70% de su presupuesto anual a obra pública y servicios esenciales, limitando el gasto corriente —incluidos sueldos y administración— a un máximo del 30%. Esta regla se aplicaría de manera gradual entre 2027 y 2029, con plazos diferenciados para las juntas parroquiales rurales.
La iniciativa ha generado una fuerte reacción en la provincia del Guayas. La prefecta Marcela Aguiñaga advirtió que imponer límites rígidos podría «castigar la inversión social» y dificultar la atención de necesidades fundamentales como salud, educación o protección social, especialmente en provincias con brechas sociales relevantes. Su argumento se basa en que priorizar infraestructura visible no puede excluir el gasto en políticas sociales que, aunque no siempre se registran como inversión física, tienen un impacto directo en la calidad de vida de los guayaquileños.
La preocupación por la autonomía territorial también fue expresada por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Ambas autoridades señalararon que la ley podría incidir negativamente en la atención de programas sociales, ya que los recursos destinados a salud y educación pasarían a formar parte del gasto corriente, mermando estos rubros frente a la exigencia de ejecutar obras, según informamos en Gasto público en Ecuador creció 10% hasta agosto.
Desde el legislativo, Valentina Centeno, coordinadora de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió la propuesta. Argumentó que cualquier municipio interesado en desarrollar proyectos de salud o educación debe primero coordinar con los ministerios del ramo y puede realizar una competencia concurrente con el Gobierno central. Por su parte, el analista económico Jorge Calderón señaló que la priorización del gasto social en Guayas debe basarse en problemáticas reales identificadas en el territorio, como las afectaciones de la temporada invernal, cuyos efectos son principalmente sociales —desplazamiento de familias y pérdidas de ingresos— más allá del componente de infraestructura.
